Asimismo, aseguró en un mensaje desde la capital, Sucre, que esta semana se presentará una normativa que denominó “perdonazo tributario” para reactivar la economía de los gremiales, transportistas, artesanos y cuentapropistas, quienes viven de sus ingresos diarios.
Describió que esta medida incluirá a quienes acumulen desde 2017 deudas menores a los 10 millones de bolivianos (un millón de dólares).
Aclaró Paz que esa reducción salarial de 50 puntos porcentuales se aplicará sin afectar a otras áreas públicas.
“Porque tenemos muy buenos profesionales -subrayó el mandatario-; no muchos vienen a trabajar al servicio público y no los vamos a perjudicar con una rebaja salarial si queremos tener a los mejores hombres y mujeres trabajando con nosotros”.
Reiteró Paz que esta es una buena ley para la gente, “por eso agradezco al Parlamento por el perdonazo tributario”.
El jefe de Estado expresó estas ideas durante su mensaje este lunes ante otras autoridades nacionales, en los actos oficiales por los 217 años de la efeméride que en Bolivia se honra como el Primer Grito Libertario de América Latina.
Las nuevas iniciativas se dan a conocer tras más de seis meses de la llegada de Paz a la silla presidencial y de 25 días de una protesta convocada por la Central Obrera Boliviana y en la cual convergen los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros y gremiales.
Fue el voto de estos sectores el que dio la victoria al binomio Paz-Edman Lara en los comicios generales de 2025, al percibir que sus promesas electorales de entonces no fueron cumplidas en el semestre transcurrido.
Entre esas banderas programáticas figuraban el modelo denominado 50/50 (mitad del presupuesto para el Gobierno central y la otra para los departamentos y municipios); eliminación de la renta vitalicia de los exjefes de Estado; meritocracia en la administración pública, así como reingeniería y despolitización de la justicia.
Igualmente, la oferta de Paz-Lara incluyó demandas sociales postergadas como el freno a la deforestación, el combate a la minería ilegal y el control a los incendios forestales.
Los movilizados deploran que en el semestre transcurrido, Paz ha gobernado mediante decretos, restó autoridad ejecutiva al vicepresidente Lara, se distanció del sector popular nacional que le respaldó con el voto y priorizó los intereses de la oligarquía del negocio agroindustrial de Santa Cruz.
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