Tal iniciativa recibió el apoyo de dos tercios del pleno de Diputados en una sesión virtual, en la cual cada legislador expuso sus criterios durante 30 minutos antes de votar nominalmente.
Entrevistadas por Prensa Latina en el lecho donde desde el viernes último mantienen una huelga de hambre en que solo se sostienen mediante la masticación de hojas de coca, Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca coincidieron en las críticas a la normativa que pretende derogar la ley 1341, la cual cierra el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
Huanca explicó a esta agencia de noticias que la Ley 1341 nació de un informe de la Comisión internacional de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani, con saldo de 37 muertes.
Afirmó que la 1341 es complementaria de los artículos 138, 139 y 140 de la Constitución política del Estado, los cuales en su cuerpo legal indican el proceder de las autoridades estatales hacia la declaratoria de un Estado de excepción.
“La Ley 1341 indica que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía fue rebasado -acotó Huanca-, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad».
Informó que las huelguistas consideran que al pretender abrogar la Ley 1341 se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos como el fuero sindical, además del uso abusivo y excesivo de los instrumentos represivos del Estado.
“Es lo que hemos vivido en las últimas semanas ante las protestas y bloqueos de los sectores populares que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, con los denominados corredores humanitarios en los cuales ya se reportan cinco muertos, decenas de detenidos y heridos”, criticó la huelguista.
Indicó que, desde su lecho de huelga, las tres, llaman al presidente Rodrigo Paz a que no destruya el Estado Plurinacional, no asuma medidas que calificó de proimperialistas y que puedan destruir derechos civiles y políticos.
Dentro de este contexto, el vicepresidente del Estado, Édman Lara, presentó este martes una acción de amparo constitucional contra el presidente del Senado, Diego Ávila, con el objetivo de frenar la abrogación de la normativa 1341.
Esta demanda fue presentada ante la Sala Constitucional Segunda de La Paz, 48 horas después que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que elimina la norma y lo remitió a Diputados para su revisión.
oda/jpm
