La ceremonia, fijada para las 16:00 (hora local) en el Hemiciclo de la Rotonda, en el centro de la ciudad de Guayaquil, tendrá lugar en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) emitida en marzo pasado.

De acuerdo con el fallo judicial, el acto deberá ser encabezado por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien reconocerá la responsabilidad del Estado en los hechos, ocurridos en diciembre de 2024.

La Corte concluyó que Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, menores afroecuatorianos de entre 11 y 15 años, fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos arbitrariamente por una patrulla militar en el sur de Guayaquil.

El caso conmocionó al país y provocó cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y la militarización impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.

El fallo de la Corte señaló además que el Estado negó información sobre el paradero de los adolescentes y calificó lo ocurrido como “una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos”.

La sentencia dispuso entre las medidas de reparación integral el acto público donde el Estado reconozca responsabilidad, la creación de espacios de memoria y garantías de no repetición.

En ese contexto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil anunció, además, una agenda de actividades conmemorativas para la próxima semana bajo el lema “Derecho a la Memoria”.

Entre ellas figura el develamiento del mural gigante “Hijos del Manglar” y un campeonato comunitario de fútbol en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, previsto para el 1 de junio.

Asimismo, el 3 de junio se desarrollará un cine foro con la proyección del documental “Sombras del Miedo”, acompañado de un panel sobre derechos humanos y memoria histórica en la Universidad de las Artes de Guayaquil.

La sentencia de la Corte Constitucional también ordenó una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, situada en la provincia ecuatoriana de Guayas, donde será colocada una placa con los nombres de los menores en el lugar donde fueron abandonados tras su detención.

Paralelamente, por este hecho 11 militares fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada, mientras otros cinco recibieron penas reducidas tras acogerse a la cooperación eficaz.

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