Según la titular del Meduca, Lucy Molinar, la catedrática acudió personalmente a las instalaciones de la institución para comunicar la decisión voluntaria de renunciar, además de solicitar el pago de sus prestaciones laborales.

De acuerdo con la fuente, la rectora entregó una carta de renuncia dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, documento que establece que su salida será efectiva a partir del 11 de junio próximo, con el objetivo de permitir una transición ordenada dentro de la universidad.

En la misiva, Medianero de Bonagas señaló que deja el cargo tras 11 años de gestión “con la satisfacción del deber cumplido” y afirmó que su decisión responde a lo que considera más conveniente para “la estabilidad, continuidad y desarrollo” de la Unachi.

Meduca remitió al Consejo General Universitario no solo la carta de renuncia, sino también las denuncias y quejas recibidas contra la administración universitaria.

Entre la documentación enviada figura un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), el cual revela presuntas irregularidades relacionadas con nepotismo dentro de esa casa de estudios superiores.

De acuerdo con el comunicado, la Antai recomendó la destitución de aproximadamente 15 funcionarios por supuestas anomalías en sus nombramientos.

Por su parte, la Contraloría General de la República, anunció la víspera que iniciará una auditoría forense en la Unachi, relacionada con descuentos realizados a trabajadores universitarios que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes.

La irregular situación, según el informe, afecta derechos fundamentales vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de los colaboradores.

Esta acción refuerza la preocupación existente entre docentes, trabajadores administrativos, estudiantes y la ciudadanía en general sobre el manejo de estos recursos.

La inspección tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en estricto apego al marco constitucional y legal.

“Reconocemos y respetamos la autonomía universitaria; sin embargo, reiteramos que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”, señala el pronunciamiento oficial.

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