En la guerra judicial contra la exmandataria peronista, quien cumple una sentencia de seis años de prisión domiciliaria y proscripción política de por vida, ahora también se insiste en dilapidar sus bienes e incluso los de sus dos hijos, Florencia y Máximo, heredados de su padre, Néstor, mucho antes del marco de la causa.
Incluso, el actual jefe de Estado Javier Milei reitera que también se la debe privar de la jubilación que le corresponde por haber sido presidenta.
Los jueces de casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña validaron el fallo de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso del Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a Cristina.
Estos tres letrados dictaminaron la confiscación de los bienes de la expresidenta y del otro procesado, el empresario Lázaro Baez, diferenciados en tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y –más polémico aún– bienes en poder de terceros no condenados.
De ese modo, en el ojo de la corte están 111 bienes, de estos 80 de Baez, dos de Cristina y 19 de sus hijos que fueron adquiridos por Néstor Kirchner de 2006 a 2010 y se los dejó como herencia. La exmandataria fue encartada en 2016 en el mandato de Mauricio Macri.
Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas
Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o no ligados al delito imputado, lo que transforma el decomiso en una medida confiscatoria. Pero los jueces de Casación rechazaron el planteamiento.
Cristina Fernández está siendo procesada en otra causa, denominada Cuadernos, que al igual que la primera –sostienen juristas- han sido fabricadas para sacarla de la política y de modo vengativo.
En lo que va de audiencias, 28 declarantes denunciaron que prestaron testimonio en un principio bajo extorsión y amenazas del juez Claudio Bonadio (fallecido) y el fiscal Carlos Stornelli para incriminar a la ex jefa de Estado.
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