De acuerdo con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, los resultados del estudio a cargo de la empresa SGS Panamá Control Services, serán dados a conocer con total transparencia.
Ante denuncias por daños a la naturaleza de ese enclave, eje de nuevas manifestaciones populares, el funcionario precisó que el estudio será público, cumpliendo al pie de la letra con el Acuerdo de Escazú, para que todos lo puedan estudiar.
De acuerdo con Navarro, la investigación es extensa y requerirá de un gran análisis. Recordó que quienes llevan adelante este trabajo representan a una empresa totalmente independiente y de prestigio internacional.
Sin embargo, los activistas señalan que esperan que la auditoría no sea una recopilación de informes antiguos basados en datos suministrados por Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals(FQM).
A la compañía encargada del estudio se le adjudicaron 539 mil 791 dólares para revisar los aspectos legales, laborales y tributarios; evaluar la aplicación de estándares técnicos y operacionales; identificar los riesgos asociados bajo las condiciones actuales del proyecto y sus pasivos ambientales a futuro, de acuerdo con el Ejecutivo.
Lo que más genera preocupación es la verificación del cumplimiento de 370 compromisos ambientales. De acuerdo con el contrato firmado con MiAmbiente, se debió verificar desde la calidad del agua, la fragmentación de hábitats, la efectividad de los equipos de monitoreo geotécnico, el manejo de residuos y descargas al mar en Punta Rincón, entre otros puntos.
Hasta el momento, indican colectivos como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Movimiento Panamá vale más sin Minería, el grueso de la información que se conoce del proyecto minero proviene de la misma empresa FQM.
En ese sentido, llamaron a estar alertas sobre puntos claves, como las verificaciones al tratamiento de aguas, los afluentes domésticos mineros y a los enfriamientos de las diferentes estructuras a lo largo del tiempo y que estos vayan más allá de recopilación de información.
Hace tres años, en los meses de octubre y noviembre, intensas protestas populares paralizaron al país hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá y el Gobierno se vio obligado a decretar el cese de operaciones.
Sin embargo, la actual administración ordenó esta auditoría a la mina y a intensificar un plan de manejo seguro; incluso, pese a varias denuncias por daños al medio ambiente, llegó a autorizar el procesamiento y exportación de mineral almacenado.
En reiteradas ocasiones el Gobierno de José Raúl Mulino ha defendido el proyecto de reabrir la mina y retomar la actividad extractiva, generadora de miles de empleos y un importante peso en el Producto Interno Bruto del país istmeño, según sus cálculos.
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