Casi la mitad fueron puestos bajo custodia en las instalaciones ubicadas en Dilley (Texas), a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, único centro de detención para familias de inmigrantes del país.

«Es el único lugar que se me ocurre en Estados Unidos donde encarcelamos a niños pequeños que no han hecho absolutamente nada malo», afirmó el congresista Joaquín Castro.

El representante demócrata por San Antonio, quien exige el cierre de Dilley, señaló que «en lugar de tratarlos como solicitantes de asilo que han pasado por un proceso de verificación para ingresar al país, los tratan como a criminales».

Al preguntársele cuál podría ser el objetivo político de crear condiciones como las que se han denunciado desde el interior de Dilley, Castro respondió: «Creo que la intención es enviar un mensaje muy cruel: que no los queremos aquí, que no son bienvenidos».

Las instalaciones de Dilley estuvieron cerradas durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y las reabrió su sucesor Trump, como parte de su campaña de arrestos y deportaciones masivas.

Ese centro abrió sus puertas en 2014 durante la administración de Barack Obama (2009-2017) y cuando Trump lo reabrió en 2025, se adjudicó a una empresa con fines de lucro —CoreCivic—, con un contrato por valor de 180 millones de dólares anuales para su gestión.

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