La cifra de muertos se alcanzó el fin de semana, cuando el Ejército de Estados Unidos informó haber llevado a cabo otro ataque este sábado contra una embarcación acusada de contrabando de drogas en el océano Pacífico oriental. Durante la operación -cuarto ataque en la semana- murieron tres personas del sexo masculino.

El Comando Sur hizo el anuncio con su lenguaje habitual. Afirmó que la embarcación estaba «involucrada en operaciones de narcotráfico» y era operada por una organización designada como terrorista; sin embargo, como en ocasiones anteriores, no proporcionó pruebas que respalden tal aseveración.

Las imágenes divulgadas se reiteran: en un video aparece una pequeña embarcación desplazándose por el océano antes de ser impactada y envuelta en una bola de fuego. Otros ataques similares en la semana que concluyó fueron reportados los días martes, miércoles y viernes.

La administración de Donald Trump declaró el pasado año que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga de América Latina a los que culpa de ser responsables del flujo de narcóticos que llega a ese país.

Pese a la cuestionada legalidad de esas operaciones, Estados Unidos ha mantenido la campaña militar desde el 2 de septiembre último, fecha en que se registró el primer ataque.

Ese hecho estuvo bajo escrutinio porque las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una embestida de seguimiento que acabó con la vida de dos sobrevivientes. Algunos legisladores dijeron que ese ataque de seguimiento podría ser catalogado como un crimen de guerra.

Las familias de dos ciudadanos trinitarios que fallecieron como consecuencia de estos actos, interpusieron a principios de año una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal, argumentando que esas “muertes premeditadas e intencionales carecen de toda justificación legal plausible”.

En los últimos ocho meses se realizaron 62 ataques que resultaron en el mencionado número de decesos.

Se trata de un cambio drástico respecto a prácticas anteriores, porque la Guardia Costera, con la ayuda de la Marina, generalmente ha tratado el tráfico marítimo de drogas en el Caribe como un problema de aplicación de la ley, y ha interceptado embarcaciones y detenido a personas para procesarlas si las sospechas de carga ilícita resultan ser ciertas, señaló el diario The New York Times.

Para un grupo variado de especialistas jurídicos en el uso de la fuerza letal estos ataques son ejecuciones extrajudiciales ilegales porque el ejército no está autorizado a acciones semejantes de manera deliberada contra civiles —ni siquiera presuntos delincuentes— que no sean una amenaza inminente de violencia, añadió el rotativo.

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