Conocida también como megarreforma o Ley Miscelánea, la iniciativa incluye un conjunto de cerca de 40 temas, donde se mezclan el plan de reconstrucción de las viviendas destruidas por incendios, con medidas para beneficiar a los sectores más ricos del país.

El más controvertido es el intento de rebajar del 27 al 23 por ciento el Impuesto de Primera Categoría a un grupo de grandes corporaciones.

Para evitar que una futura administración elimine este privilegio en caso de resultar aprobado, está acompañado por una norma de invariabilidad tributaria por 25 años.

Esto implica que ninguno de los próximos seis gobiernos podrá echar atrás lo que se considera una reforma fiscal disfrazada.

Otro punto que sin dudas será muy debatido por los senadores es eximir del pago de las contribuciones por la propiedad de la primera vivienda a las personas mayores de 65 años, independientemente de su condición socioeconómica.

Esto implica que quedan libres de esta carga fiscal los dueños de modestas o medianas casas, pero también los de suntuosas mansiones ubicadas en barrios acomodados.

Con el pretexto de agilizar la inversión nacional y extranjera se prevé atenuar las exigencias medioambientales a grandes proyectos industriales o de la construcción.

En medio de todas estas iniciativas, está la aprobación del financiamiento para la reconstrucción de viviendas destruidas por catástrofes, como los incendios forestales en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Como el gobierno se negó a desglosar la megarreforma en varios proyectos de ley y tratarlos por separado, sólo es posible aprobar o rechazarla en su conjunto.

Además, al ingresarla al Congreso como de “suma urgencia”, el Senado tiene un límite de 15 días hábiles para conocer, votar y despachar la iniciativa aunque el plazo podría ampliarse si la discusión se complica y La Moneda ve en riesgo su aprobación.

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