La jueza Rocío Pérez acogió una solicitud presentada por la alcaldía y dejó en pausa la resolución del Ministerio de Urbanismo que autorizaba la construcción del recinto penitenciario en el sector Rondizzoni-Pedro Montt.

Con el fallo quedan paralizados los procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier otro trámite destinado a ejecutar las obras.

Tanto la población, como las autoridades municipales, rechazan la construcción de la cárcel bajo el argumento de que el sector ya concentra bastante infraestructura penal, y defienden la idea de que estos recintos para reos de alta seguridad deben estar lejos del radio urbano.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, celebró el fallo e instó al Ejecutivo a buscar alternativas fuera de las zonas urbanas consolidadas.

Sin embargo, el gobierno advirtió que aún existen recursos y etapas procesales pendientes, e insistió en la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria ante el aumento sostenido de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias.

En Chile hay en la actualidad más de 63 mil 600 personas privadas de libertad y la capacidad de las prisiones es de solo 42 mil 400.

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