En la plataforma de Telegram, la gobernante aludió al comienzo la víspera de este proceso por todo el país, que consideró de “paso histórico y estratégico de la nueva paz” en la República Bolivariana.

Subrayó que se trata de construir un sistema de acceso a la justicia más efectivo, transparente, adaptado a los más altos estándares internacionales y “garante plenamente de los derechos humanos de nuestros ciudadan@s”.

Rodríguez mencionó la creación de la plataforma tecnológica 0800-Matraca (extorsión, soborno), una herramienta que, dijo, será para combatir las prácticas ilegales que algunos policías, jueces y fiscales cometen contra el pueblo.

“Sigamos avanzando: vamos sector por sector a escuchar sus propuestas y al diálogo por la justicia venezolana”, recalcó.

Ayer desde el Coliseo de La Urbina, en Petare, estado de Miranda, la gobernante ante la Comisión Presidencial que conducirá la consulta, diputados, magistrados, jueces ordinarios, jueces de paz, el coordinador del sistema de la ONU para este país, entre otros, reconoció los avances sin dejar de mencionar que “hay muchas cosas aún por resolver”.

Destacó que se busca un camino para su acceso, garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y hacerla efectiva a través de las «garantías, tutela del Estado y la justicia».

Rodríguez expresó su anhelo en lograr “un verdadero acceso” al sistema de justicia penal, que sea transparente, no discriminatorio y tenga como norte el respeto a los derechos humanos.

Se ha avanzado en esa dirección, “pero no lo suficiente” que merece el pueblo porque todavía “no es la justicia que necesita Venezuela” para consolidar la paz, subrayó.

La dignataria comentó que desde el pasado 3 de enero, cuando tropas elites de Estados Unidos agredieron al país y secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, se ha hablado mucho de justicia y el pueblo tiene muchas ideas al respecto.

El fiscal general y secretario de la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial, Larry Devoe, detalló que el proceso busca establecer una hoja de ruta que contribuya a la transformación del sistema, para lo cual contarán con nueve grandes temas de consulta.

Estos están referidos al acceso a la justicia; coordinación e integración institucional, ética y autonomía; política criminal del siglo XXI; garantías del debido proceso frente al retardo procesal; eficiencia organizativa; talento humano; infraestructura, equipamiento y dotación del sistema; y las herramientas tecnológicas para el acceso.

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