En un comunicado oficial, la entidad que dirige Gretel Villalaz precisó que envió su decisión al ministro de Educación encargado, Roberto Sevillano.

La opinión legal surge en medio de una prolongada crisis institucional que mantiene bajo escrutinio a la principal casa de estudios superiores del occidental territorio y que ha provocado cuestionamientos desde sectores académicos, políticos y sociales del país.

De acuerdo con la Procuraduría, la renuncia constituye un acto personalísimo derivado de la voluntad del funcionario público, por lo que no está sujeta a la aprobación discrecional de organismos colegiados.

En ese sentido, el Consejo General Universitario debió limitarse a recibir y formalizar la dimisión presentada por la rectora, sin someterla a votación ni rechazarla, subraya el mensaje.

El documento también señala que la renuncia no constituye un acto administrativo susceptible de recursos o revisión por la propia universidad, por lo que sus efectos jurídicos se producen desde el momento en que es presentada ante la autoridad competente.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia debido a que la situación de la Unachi se encuentra en el centro del debate nacional desde hace varios años.

Sectores universitarios han denunciado supuestas irregularidades administrativas, cuestionamientos sobre la gestión financiera y denuncias relacionadas con procesos de contratación y manejo institucional.

A ello se suman las investigaciones impulsadas por el Ministerio de Educación y la Fiscalía, luego de que el Gobierno nacional manifestara preocupación por la gobernabilidad de la institución y la necesidad de garantizar transparencia en su administración.

La Procuraduría de la Administración precisó además que, de configurarse una vacante absoluta en la rectoría durante el período de gestión, corresponderá a las autoridades electorales universitarias activar el mecanismo para la convocatoria de nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Analistas consideran que el criterio jurídico fortalece la posición del Ejecutivo y podría acelerar una reestructuración de la dirección universitaria, aunque recuerdan que el dictamen de la Procuraduría tiene carácter orientador y no sustituye las decisiones que deban adoptar las autoridades competentes.

Por su parte, organizaciones docentes, estudiantiles y gremiales han solicitado que el proceso se desarrolle con apego al marco legal y garantizando la estabilidad académica y administrativa de la universidad, que atiende a miles de estudiantes en la región occidental del país.

La decisión de la Procuraduría sobre la Unachi coloca nuevamente en el centro del debate la gobernanza universitaria, la autonomía académica y los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones públicas de educación superior de Panamá.

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