El reportaje, titulado “Encerrados para morir”, sostiene que el sistema carcelario atraviesa una crisis humanitaria marcada por el hambre, las enfermedades, la falta de atención médica y la escasa transparencia sobre la situación de los reclusos.

De acuerdo con la investigación, el número de fallecidos equivale a más de tres muertes diarias o una cada siete horas, la cifra más alta registrada en el sistema penitenciario nacional.

A diferencia de los años anteriores, en que tuvieron lugar numerosas masacres carcelarias, en 2025 las enfermedades y otras causas no esclarecidas superaron a los homicidios dentro de los centros penitenciarios, señala el texto.

La investigación documenta además un fuerte incremento de los casos de tuberculosis en las cárceles ecuatorianas.

Según datos del Ministerio de Salud citados en el reportaje, los contagios pasaron de 641 en 2023 a dos mil 576 en 2025, y la Penitenciaría del Litoral, mayor prisión de Ecuador, concentra el 71 por ciento de los casos registrados.

El trabajo periodístico recoge testimonios de familiares que denuncian dificultades para obtener información sobre la situación de sus allegados, así como problemas de alimentación, atención médica insuficiente y presuntos cobros irregulares para acceder a productos básicos.

Uno de los hallazgos más sensibles fue que algunos reclusos fallecidos fueron enterrados en fosas comunes o lotes colectivos sin que sus familiares fueran notificados oportunamente.

Así lo ratificó este martes Ana Morales, fundadora del Comité de Familiares por una Vida Digna, que junto a otras personas realizaron un plantón frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en Quito.

“Todo lo que está pasando dentro de las cárceles es totalmente inhumano. Están deshumanizando la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad”, afirmó Morales.

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