Según la diputada del Partido Demócrata Cristiana (PDC) Ximena Arispe, la Comisión Especial de Investigación creada por una resolución de la Cámara de Diputados identificó a 22 asalariados y exasalariados de YPFB y a otros 20 relacionados con la ANH.
La comisión tiene un plazo de 120 días para presentar su informe final ante el pleno cameral, sobre lo cual Arispe afirmó que están en la última fase y se alista el documento final para presentarlo antes de que concluya el mes en curso.
Describió que la comisión está conformada por 11 legisladores de todas las fuerzas políticas e inició la investigación desde principios de este año.
Los investigadores exigieron reportes al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, además de declaraciones juradas, informes escritos y orales.
Arispe explicó que el objetivo es transparentar la información y señalar presuntos responsables, información que luego será remitida al Ministerio Público para su investigación.
La diputada recalcó que se detectó la permanencia de funcionarios que trabajaron durante más de 20 años en las entidades investigadas, situación que generó observaciones dentro del proceso.
Indicó, asimismo, que la ANH inició 22 procesos administrativos por presuntas irregularidades relacionadas con controles de calidad, documentación e incumplimiento de procedimientos internos.
“Claro que sí -dijo Arispe entrevistada por la Red Uno-, podrían generar también denuncias penales. Serán las autoridades competentes las que determinarán el grado de responsabilidad de estos funcionarios”.
Reveló también que la comisión evidenció debilidades en los sistemas de controles de calidad y puso como ejemplo a la ANH, que hasta hace poco tenía solo un laboratorio funcionando al ciento por ciento.
“Tengan por seguro que la comisión va a sacar a la luz a los culpables y responsables del daño a la gasolina”, sostuvo.
La importación y distribución de la denominada “gasolina basura” comenzó a escandalizar a todo el país desde finales de 2025 tras la juramentación del actual Gobierno (10 de noviembre), por el daño causado a miles de motores de transportistas y de autos particulares.
Inicialmente, las autoridades negaron una posible contaminación, y con posterioridad reconocieron que el carburante tenía manganeso y goma en indicadores no permisibles y se comprometió a resarcir a los afectados, lo cual según el gremio de transportistas ha sido incumplido en su mayor medida.
Este es otro reclamo de muchos movilizados en las protestas que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
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