El magistrado del Tribunal de Primera Instancia en San Juan desestimó el recurso del senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del PPD en el Senado, el cual exigía la entrega de información de 231 casos archivados por la División de Integridad Pública de Justicia en septiembre de 2025 sin que se procediera a su investigación.
Entre los expedientes que interesaban a los senadores de oposición figura un caso que involucra a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presiones indebidas para el otorgamiento de un contrato de 60 mil dólares mensuales destinado al cuido de un paciente.
El juez Cuevas Ramos determinó que el Artículo 34-A del Código Político establece expresamente quiénes pueden acudir al Tribunal de Primera Instancia para exigir el cumplimiento de citaciones legislativas y la producción de documentos, facultad que corresponde al presidente o vicepresidente de las cámaras legislativas pertinentes.
“El propio cuerpo normativo establece quiénes y en qué calidad estarán legitimados para acudir ante este foro”, subrayó.
Hernández Ortiz manifestó que la demanda fue presentada luego de que múltiples solicitudes de información realizadas por el Senado no obtuvieran respuesta.
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