Sánchez hizo la declaración al día siguiente que el Parlamento, cuya mayor bancada es la de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori -rival de Sánchez en el balotaje del domingo próximo por la Presidencia-, archivó una denuncia constitucional contra Boluarte por esas muertes.

Dijo que, de ser elegido, impulsará la creación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de quienes autorizaron la intervención del Ejército y la Policía Nacional en los luctuosos sucesos registrados desde fines de 2022 hasta febrero de 2023 tras la detención y prisión del entonces presidente, Pedro Castillo.

En una reunión con los familiares de los caídos y los heridos graves en esas manifestaciones, en la región surandina de Puno, el candidato se comprometió a aplicar un plan integral de reparaciones a los afectados y añadió que los responsables deberán responder ante la justicia y ser castigados como corresponda.

“No habrá un nuevo comienzo de recuperación de la democracia si no somos capaces de sancionar a quienes le quitaron la vida a peruanos”, afirmó.

La denuncia fue descartada debido a que otras dos resultaron archivadas hace más de un año por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusó a Boluarte de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo las modalidades de lesiones graves y violación de derechos humanos.

Precisó que Boluarte y sus más cercanos colaboradores, los entonces primer ministro, Pedro Angulo, los titulares de Defensa, Luis Otárola y Jorge Chávez, y del Interior, César Cervantes, Eduardo Rojas y Vicente Romero incurrieron además en omisión de funciones al no frenar el uso desproporcionado de la fuerza por militares y policías.

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