La respuesta del Estado no se justifica bajo ningún estándar democrático, advirtió la entidad en un comunicado, y recordó que los manifestantes participaban en la marcha en completa calma y portando pancartas, banderas y carteles.

Prensa latina, que cubrió la víspera la protesta estudiantil y docente iniciada en la Plaza Baquedano, fue testigo de cómo la policía utilizó carros lanza agua y bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes y los orilló a refugiarse en instalaciones ubicadas frente al Centro Gabriela Mistral.

Algunos estudiantes resultaron afectados por los gases y debieron consumir limón para aliviar el ardor en la boca y la garganta causados por los químicos. Varios miles de personas participaron en la demostración contra las políticas del gobierno de José Antonio Kast.

La violenta represión dejó una decena de heridos, entre ellos una alumna de derecho de la Universidad de Chile con lesiones en el rostro, la cual debió ser trasladada hacia la Posta Central.

“El trasfondo de esta violencia estatal es ideológico: el Gobierno busca criminalizar el descontento social para desviar la atención de los problemas de fondo”, advirtió la CHDC.

Denunció que las políticas de recortes presupuestarios están desmejorando severamente la calidad de vida de las familias, golpeando la educación pública, la salud y derechos sociales básicos. Los estudiantes de distintos niveles, junto a los profesores, protestan contra el incremento del precio de los combustibles, conocido como bencinazo, que encareció todos los productos de la canasta básica.

También rechazan los recortes del tres por ciento en el presupuesto de los ministerios, incluido el de la Educación, lo cual afecta programas como la alimentación y la gratuidad escolar.

Además, se oponen a la ley Escuelas Protegidas, aprobada en el Congreso Nacional, que prioriza las medidas punitivas para enfrentar la violencia en los centros educacionales, en vez de atacar las causas, como los problemas mentales y sociales.

Otro motivo de rechazo es el Registro de Vándalos, que -de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos- busca amedrentar, perseguir y castigar a jóvenes quitándoles beneficios sociales, como el derecho a la gratuidad en la educación superior.

“Emplazamos a deponer la lógica de guerra contra los movimientos sociales. Exigimos el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y el retorno a las garantías democráticas para la protesta”, señaló la CHDH.

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