La iniciativa del diputado Pedro Jisdonian, del Partido Nacional, incorpora agravantes para daños en monumentos históricos, hospitales y escuelas.

El proyecto propone modificar el Código Penal para sumar una figura específica que sancione estas conductas.

La normativa cobra relevancia en medio de un creciente debate sobre el cuidado del espacio público y los límites de la expresión urbana. También cuando se han repetido hechos vandálicos contra esculturas y otros monumentos, sobre todo en esta capital.

Las sanciones propuestas van desde los tres meses a dos años de penitenciaría.

Castigaría a quienes «de forma ilegítima, realicen grafitis, rayados, inscripciones, pintadas, pegatinas o cualquier otra alteración material relevante sobre bienes muebles o inmuebles ajenos, públicos o privados, mediante pinturas, tintas, adhesivos, grabados o cualquier otro elemento análogo».

Quedan excluidas de manera explícita las expresiones artísticas realizadas con autorización de los propietarios o responsables de los inmuebles.

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