La diligencia judicial comenzó la noche del miércoles en el Complejo Judicial Norte, en Quito, donde la Fiscalía formuló cargos dentro del denominado caso Blindaje, investigación que, además de Villacís, involucra a otras personas, incluidos jueces y funcionarios públicos. Durante la audiencia, que se extendió durante la madrugada y continuará este jueves en la tarde, los abogados de los procesados solicitaron que se declare ilegal y arbitraria la detención de sus defendidos, ya que el expediente de la investigación estuvo en reserva.
La estatal petrolera Petroecuador participa en el proceso en calidad de víctima, debido a que las investigaciones sostienen que los procesados habrían utilizado mecanismos judiciales para obtener beneficios económicos vinculados a la empresa pública.
Horas antes del inicio de la audiencia, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que existe una relación entre parte de los detenidos y el incendio registrado el 1 de marzo en la Refinería de Esmeraldas.
Según el funcionario, el siniestro no fue accidental, sino un acto deliberado destinado a afectar la infraestructura, sin embargo no presentó pruebas públicas sobre la vinculación de los detenidos con el hecho en la planta procesadora de combustible.
“No hay indicios, presunción o conjeturas dentro del expediente que el alcalde esté involucrado en esos temas. No existen evidencias o pericias, tampoco esos mensajes de texto que fueron supuestamente filtrados del expediente”, dijo el abogada Gustavo García, defensa del burgomaestre en entrevista con una televisora local.
El ministro señaló que el incendio provocó pérdidas superiores a los 100 millones de dólares y obligó al país a incrementar entre marzo y mayo las importaciones de diésel y naftas en más de 350 millones de dólares para garantizar el abastecimiento interno.
Mientras avanzan las investigaciones, Petroecuador anunció esta semana la reanudación progresiva de las operaciones de la Refinería, que permaneció parcialmente paralizada durante tres meses tras el incendio.
La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición en el país y a la cual representa Villacís, rechazó de forma enérgica la detención de su coideario.
La legisladora Paola Cabezas, de Esmeraldas, cuestionó que el operativo y la aprehensión del alcalde ocurrió justo antes de definir las candidaturas a las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las cuales Villacís sería aspirante a la reelección.
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