Al atardecer, la Katuiska Valencia, asesora de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció que el 93 por ciento de los centros de están ya instalados en escuelas, universidades y otros locales, y el resto quedará completado en las horas siguientes.
El primer ministro Luis Arroyo difundió un mensaje en el que confirma que 45 mil militares se desplegaron en los centros de votación con fines de resguardo del sufragio y del material electoral.
Los uniformados cumplirán su misión de custodio durante la jornada electoral y en las etapas siguientes de transporte y entrega de las ánforas con los votos y las actas de sufragio a la ONPE.
La declaración incluye un llamado a la ciudadanía “a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático”, en obvia previsión de protestas de los derrotados por reducido margen.
El aspecto logístico es motivo de atención general por los problemas focalizados de la primera vuelta del 12 de abril, en los que la instalción de mesas de votación o su funcionamiento demoraron y en algunos casos no llegaron funcionar, lo que motivó que en los puntos más críticos, las elecciones se extendieran hasta el día siguiente.
Aquel caos obligó a renunciar al hasta ese día jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien está sometido a proceso en el Ministerio Público, a punto de ser detenido por su pesunta responsabilidad en los graves problemas de la primera ronda electoral.
Además, la situación permitió al candidato de derecha extrema Rafael López Aliaga denunciar un supuesto fraude en su contra, bajo el insólito argumento de que los miles de electores que no votaron, eran sus electores e intentó anular los centros ubicados en poblados alejados y rurales, que suman un millón de votantes y prefirieron a Sánchez en su gran mayoía.
De otro lado, Perú vivió una vìspera bajo silencio electoral que consiste en prohibir propaganda electoral en los medios tradicionales de comunicación, lo cual no se aplica en los hechos al espacio de Internet, por ser incontrolable.
Los candidatos, además, no pueden emitir declaraciones públicas, ni instar a concentraciones ni marchas, según la norma, porque se considera necesario un ambiente distendido para que al sector de indecisos, que disminuye día a día, tome una decisión final.
Rige además desde ayer una “ley seca” que impide el expendio de bebidas alcohólicas desde este viernes hasta el lunes, para evitar la exacerbación de ánimos y ocurran disturbios.
En cuanto a las encuestas, no pueden publicarse en Perú y coinciden en pronósticos de un resultado estrecho y una ligera tendencia al crecimiento del progresista Sánchez y el correspondiente descenso de la neoliberal Keiko Fujimori, ganadora de la primera cuelta con 17 por ciento, frente a 12 de su oponente.
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