El Ministerio para Relaciones Exteriores a través de un comunicado indicó que esa petición se realizó en “abierta y clara” violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la legalidad internacional.
La República Bolivariana reiteró que nunca dio su consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la Corte.
Reafirmó que dicha controversia “solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra”, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable, acotó.
Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes, insistió.
La nota oficial denunció que llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana “se atrevan mágicamente” a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Subrayó que esta postura demuestra su claro menosprecio por el derecho internacional y confirma las fundadas dudas de Venezuela sobre el curso del proceso actual en esa instancia internacional.
El Gobierno bolivariano ratificó que, fiel a su posición histórica y actuando en defensa del derecho internacional, “no reconocerá la decisión que pueda dictar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Guayana Esequiba, cualquiera ella sea”.
En cambio, afirmó, seguirá abonando por una solución política y negociada de la controversia sobre la frontera, como único camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región.
Mark Phillips manifestó la víspera, ante legisladores de la Asamblea Nacional (parlamento), que Guyana está más convencida que nunca de que la CIJ “confirmará la validez jurídica del Laudo Arbitral de 1899 y el carácter definitivo y permanente de la frontera internacional entre Guyana y Venezuela».
El 11 de mayo último concluyeron en La Haya nuevas audiencias sobre el caso, en las que las partes expusieron sus argumentos ante el panel de jueces de la Corte que deberá pronunciarse sobre esta disputa de más de 100 años, la cual comprende un territorio rico en recursos naturales de unos 160 mil kilómetros cuadrados.
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