Este lunes, arribó a La Paz un gran contingente de marchistas procedentes de Cochabamba y Potosí, quienes afirmaron que su objetivo es sumarse a la exigencia de la dimisión del mandatario y respaldar las medidas de presión que se registran en más de 80 puntos de seis de los nueve departamentos del país.

Incluso, a la entrada a la urbe paceña algunos de los movilizados portaban palos y otros objetos contundentes, empleados habitualmente en los enfrentamientos contra las fuerzas antibloqueos.

Portavoces de estos sectores sociales aseguraron ante la prensa que permanecerán en La Paz hasta que sus demandas sean atendidas y anunciaron que intervendrán en marchas y concentraciones convocadas por las fuerzas que reclaman la renuncia de Paz.

Del lado del Órgano Ejecutivo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió la víspera que la tensión escaló tras los enfrentamientos ocurridos el sábado último en San Julián, Santa Cruz, donde cientos de policías, militares y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista intentaron desbloquear, con saldo de decenas de heridos, incluidos algunos de bala, según reportó la prensa.

Opinó que los hechos registrados ya no corresponden únicamente a manifestaciones o protestas sociales, y advirtió que el Estado responderá sobre la base de lo que denominó “marco legal para garantizar el orden público y la seguridad de la población”.

El 8 del mes en curso, el presidente Paz promulgó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), con presencia de ministros, jefes militares y policiales.

Luego de firmar la normativa 1740 ante los presentes, el dignatario pronunció un discurso en el que reiteró que, tras las marchas y bloqueos se ocultan intereses que identificó con el “narcoterrorismo” impulsado desde el Trópico de Cochabamba, en alusión al exdignatario Evo Morales.

Paz anunció que esta nueva ley permitirá a militares y policías imponer el orden en lo que presentó como la defensa de las mayorías y la democracia.

Por su parte, el diputado de Alianza Popular Rolando Pacheco presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo Constitucional respecto al artículo 26 de la ley promulgada.

Criticó que en su contenido establece la presunción de legalidad para los militares que disparen contra los movilizados y, adicionalmente, en caso de alguna muerte, el Gobierno debe garantizar la defensa jurídica de los posibles efectivos acusados.

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