Según alegó la entidad, citada por Caracol Radio, el objetivo de la medida es “preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.
De acuerdo con el organismo, dejar a la congresista en su cargo “conlleva a poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”, tras el antecedente de requerir la suspensión del gobernante sin cumplir con todo el procedimiento dispuesto para ese paso.
Abundó el medio noticioso que la Procuraduría abrirá una investigación disciplinaria contra Arizabaleta, en tanto algunos entendidos en el asunto advierten que la congresista puede haber incurrido en el delito de prevaricato.
Ayer en la mañana medios locales divulgaron un auto elaborado por la representante, quien fungía como presidenta de la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el que pedía la suspensión temporal del gobernante por su supuesta participación en política.
Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que en derecho no procede que ese comité pueda suspender al presidente porque se trata de un órgano de instrucción.
“Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”, escribió el titular en su cuenta de X.
Luego el también legislador Jorge Alejandro Ocampo divulgó que no existían ninguna orden de suspensión contra el jefe de Estado porque ese trámite no había transitado por los canales correspondientes, por lo tanto, este carecía de validez.
Posteriormente se conoció que Arizabaleta ordenó remitir la actuación a la plenaria de la Comisión de Acusación y comunicarla al presidente del Senado dentro del proceso por presunta participación en política que se realiza contra el presidente.
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