Sumando esas áreas sociales todas juntas, sus asignaciones no llegan a 12 por ciento del presupuesto, al tiempo que se profundiza el ajuste con subejecuciones en sectores críticos como infraestructura, atención sanitaria, respuesta al VIH, comedores, industria y formación docente, entre otras. Ni las fuerzas de seguridad se salvan, acorde con CEPA.
Ese centro de análisis económico publicó su más reciente informe sobre la ejecución presupuestaria por la administración de Javier Milei durante los primeros cinco meses de 2026, de enero hasta el 31 de mayo.
Los datos son elocuentes: Por un lado, el superávit fiscal del cual se vanagloria el ejecutivo es ficticio, porque el poder ejecutivo literalmente dejó de destinar dinero a partidas sensibles como obra pública o proveedores y a sectores claves de desarrollo social como Educación, Salud, Ciencia, Vivienda, Cultura y Trabajo.
CEPA detecta una caída real en el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) del orden de menos de 31 por ciento interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la gestión libertaria.
Hay pocas áreas que subieron, entre ellas la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento de 34 por ciento respecto a 2023.
En cambio –señala CEPA- Educación recibe hoy 4,84 por ciento de las erogaciones de la APN, separado del mínimo de 6 por ciento que establece la Ley de Educación que el gobierno buscó derogar con la sanción del Presupuesto 2026.
Los fondos que recibe Salud también están por debajo, 4,80 por ciento, a Ciencia apenas le otorgan el 1,11; Trabajo, el 0,78, y Vivienda y Urbanismo, el magro 0,008 por ciento.
Otros sectores también bajaron su incidencia, como Promoción y Asistencia Social (en plena crisis) solo es el 2,2 por ciento del presupuesto; Agua Potable y Alcantarillado, (0,113%); Transporte (1,92%), para el desarrollo industrial el gobierno eroga únicamente el 0,092 por ciento, y Defensa también se ve afectada con el 1,76.
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