En una nota divulgada este viernes, Fachin afirmó que el proceso que culminó con la condena de Zambelli se desarrolló con pleno respeto a las garantías constitucionales, al debido proceso legal y al derecho a la defensa, tras conocerse los fundamentos de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Casación de Italia.
Según el documento divulgado por el tribunal italiano, la anulación de la extradición, decidida el 22 de mayo, se sustentó en cuestionamientos sobre la imparcialidad del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso en el STF.
Fachin rechazó tales señalamientos y subrayó que el Supremo actuó dentro de los marcos legales y constitucionales.
“El proceso y sus actos transcurrieron en estricta observancia de la Constitución de la República, del debido proceso legal, del principio contradictorio, de la amplia defensa y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado brasileño”, indicó.
Asimismo, el magistrado manifestó preocupación por la decisión de la Justicia italiana en un asunto relacionado con la cooperación jurídica entre ambos países y destacó que el STF ha mantenido una postura de respeto hacia los Estados extranjeros al analizar solicitudes de extradición.
En su pronunciamiento, recordó que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra Zambelli por los delitos de invasión de dispositivo informático y falsedad ideológica fue aceptada por unanimidad en la Primera Sala del Supremo.
Señaló también que los magistrados ratificaron las decisiones individuales de De Moraes y consideraron que existían los requisitos legales para el avance de la acción penal.
Fachin destacó además que, tras la fase de instrucción, la causa fue juzgada procedente por unanimidad y que el propio colegiado rechazó las alegaciones de parcialidad formuladas contra el relator del proceso.
Zambelli permaneció detenida desde julio de 2025 en el complejo penitenciario de Rebibbia, en las afueras de Roma, tras una solicitud de captura presentada por las autoridades brasileñas, pero fue liberada el 22 de mayo, cuando la Corte Suprema de Casación anuló la autorización de extradición.
La dirigente vinculada al bolsonarismo se había instalado en el país europeo tras ser condenada por el STF de Brasil a 10 años de cárcel por su participación en la invasión de los sistemas informáticos del Consejo Nacional de Justicia y la inserción de datos falsos, entre ellos un supuesto mandato de captura contra el juez De Moraes.
También enfrenta otra condena de cinco años y tres meses por porte ilegal de arma y amenazas, después de perseguir a un hombre en las calles de São Paulo en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
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