El Tribunal determinó que el Estado deberá pagar por daños morales y pensiones a los parientes de las primas Emily Vitória, de cuatro años, y Rebecca dos Santos, de siete, quienes murieron el 4 de diciembre de 2020 en la comunidad de Sapinho, municipio de Duque de Caxias, en la región metropolitana.

Según reportes de prensa, la acción fue promovida por la Defensoría Pública estatal y obtuvo una sentencia favorable que, además de reconocer la responsabilidad civil por las muertes ocurridas en el contexto de una operación de seguridad, responsabiliza al Gobierno por las deficiencias registradas en la investigación criminal posterior.

En opinión del defensor público André Castro, del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos, la resolución judicial concluyó que la pesquisa no cumplió los criterios legales necesarios para esclarecer adecuadamente los hechos y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Dicha sentencia fue emitida por la jueza Cristiana Aparecida de Souza Donato, quien fundamentó su decisión en una orientación del Supremo Tribunal Federal que establece la responsabilidad civil del Estado por muertes o lesiones ocurridas durante operaciones de seguridad pública, bajo el principio del riesgo administrativo.

La magistrada señaló además que una pericia inconclusa sobre el origen de un disparo fatal no basta por sí sola para excluir la responsabilidad estatal, especialmente cuando existen indicios que apuntan a la participación de agentes públicos en el hecho.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Emily y Rebecca jugaban frente a su vivienda cuando fueron alcanzadas por un único disparo de fusil en medio de una acción de la Policía Militar. En ese momento, una patrulla con dos agentes armados transitaba por la calle donde se encontraban las menores de edad.

Testigos afirmaron haber observado un destello proveniente del vehículo policial, pero las investigaciones iniciales atribuyeron el disparo a supuestos delincuentes ubicados al otro lado de la vía, hipótesis que nunca pudo ser comprobada ni permitió identificar a los responsables.

Un examen balístico determinó que las armas portadas por los policías eran compatibles con el proyectil que causó la muerte de las niñas, aunque los peritos no pudieron establecer con certeza absoluta el fusil utilizado.

Posteriormente, el proceso penal terminó archivado por falta de pruebas concluyentes.

La Defensoría Pública destacó que la decisión judicial reconoce no solo el derecho de los familiares a recibir reparación económica, sino también su derecho a la verdad y al esclarecimiento de los hechos, en un caso que continúa simbolizando los efectos de la violencia armada sobre la niñez en las comunidades populares de Río de Janeiro.

rc/dsa