La norma introduce cambios en la política nacional de movilidad urbana con el propósito de diversificar las fuentes de financiamiento, mejorar la regulación y elevar la calidad de los servicios de transporte colectivo en las ciudades brasileñas.

Según el Gobierno federal, uno de los principales objetivos de la legislación es reducir la dependencia histórica del sistema respecto a las tarifas pagadas por los usuarios, una característica que durante décadas concentró gran parte de los costos operativos en los pasajeros.

Además, la nueva ley abre espacio para mecanismos complementarios de financiamiento y una mayor participación de los distintos niveles de la administración pública.

Busca promover una gestión más eficiente de los servicios urbanos de transporte, fortalecer la planificación de la movilidad y estimular la integración entre municipios, estados y la Unión en la formulación de políticas públicas para el sector.

Sin embargo, divulgó agencia Brasil, Lula vetó varios puntos aprobados previamente por el Congreso Nacional.

Entre ellos figura la obligación de que estados y municipios asumieran integralmente, mediante recursos presupuestarios, los costos derivados de gratuidades y descuentos concedidos a determinados grupos de usuarios, como personas mayores, estudiantes y ciudadanos con discapacidad.

Tales disposiciones podrían generar gastos permanentes sin una fuente definida de financiamiento y crear riesgos para el equilibrio fiscal de los gobiernos locales.

A juicio del Ejecutivo, la imposición de plazos obligatorios para la adecuación presupuestaria limitaría la capacidad administrativa de estados y municipios.

Otro de los vetos alcanzó un mecanismo que vinculaba la concesión de subsidios públicos con la remuneración de las empresas operadoras del transporte colectivo.

De acuerdo con el Gobierno, la medida podría restringir la flexibilidad necesaria para la gestión de los sistemas urbanos y generar dificultades en la aplicación de las políticas de movilidad.

La aprobación del marco legal fue considerada por entidades vinculadas al sector como un paso relevante para enfrentar problemas históricos del transporte público brasileño, incluidos la disminución del número de pasajeros, el aumento de los costos operativos y la necesidad de garantizar servicios más accesibles y sostenibles.

Cada veto presidencial será analizado por el Congreso, que podrá mantener o revertir las decisiones del Ejecutivo, expuso el referido medio de prensa.

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