El magistrado Reymundo Mejía dispuso que el caso avance a juicio sin imponer prisión preventiva contra los imputados, a quienes les ratificó medidas de coerción consistentes en garantías económicas de 50 millones de pesos cada uno (833 mil dólares), impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Asimismo, el tribunal mantuvo las órdenes de inmovilización de bienes previamente dictadas, además de la inscripción de hipotecas judiciales sobre bienes inmuebles, activos y valores por un monto de 500 millones de pesos (8.33 millones de dólares).
El proceso judicial se originó tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set en abril de 2025, un hecho que ocasionó 236 víctimas mortales y dejó más de 180 heridos, causando conmoción nacional y una amplia operación de rescate.
Las investigaciones determinaron que antes del colapso se habían registrado filtraciones de agua en distintas áreas del establecimiento.
El siniestro dio origen a numerosas acciones judiciales de familiares de las víctimas y sobrevivientes, que alegan negligencia de los responsables del establecimiento.
Los hermanos Espaillat fueron arrestados en junio de 2025 y posteriormente quedaron en libertad bajo las medidas de coerción citadas.
El caso ha mantenido una fuerte atención pública durante más de un año, con protestas de seres queridos y organizaciones civiles que reclaman justicia.
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