Al intervenir en la Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte, en Portugal, el experimentado diplomático defendió la necesidad de que los Estados mantengan su capacidad de regular las nuevas tecnologías y eviten que decisiones de enorme impacto social queden exclusivamente bajo control corporativo.
Según Amorim, citado por agencia Brasil, la rápida expansión de la IA abre oportunidades significativas para el desarrollo económico, la innovación y la solución de problemas complejos, pero también plantea riesgos que requieren atención por parte de la comunidad internacional.
Recordó que un número reducido de grandes empresas tecnológicas concentra actualmente recursos computacionales, datos y capacidades de investigación esenciales para el avance de la IA, una situación que podría ampliar las brechas existentes entre naciones desarrolladas y países del Sur Global.
A juicio del funcionario, la creciente influencia de esas corporaciones sobre la economía digital y los flujos de información constituye un fenómeno que demanda mecanismos de gobernanza capaces de garantizar transparencia, responsabilidad y respeto a los intereses públicos.
Subrayó que los gobiernos democráticamente elegidos poseen la legitimidad necesaria para establecer normas destinadas a proteger a la ciudadanía frente a posibles efectos negativos de las nuevas tecnologías.
En ese sentido, rechazó la idea de que las plataformas digitales o las grandes compañías tecnológicas deban actuar sin supervisión estatal.
También alertó sobre el impacto que la IA y otras herramientas digitales pueden tener en la circulación de información, la formación de la opinión pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La difusión de contenidos falsos o manipulados, señaló Amorin, representa una preocupación creciente para numerosos países.
Sostuvo además que la regulación tecnológica debe estar vinculada a objetivos más amplios de desarrollo humano, y entre ellos mencionó la reducción de la pobreza, la promoción de la inclusión social, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos.
Las declaraciones de Amorim, expuso la referida fuente periodística, se inscriben en un debate internacional cada vez más intenso sobre la gobernanza de la IA.
Organismos multilaterales, gobiernos y centros académicos han advertido sobre la necesidad de establecer marcos regulatorios que permitan aprovechar los beneficios de estas herramientas sin comprometer la seguridad, la privacidad y la equidad social.
Brasil participa activamente en esas discusiones y ha defendido en distintos foros internacionales una regulación equilibrada que combine innovación tecnológica con garantías para la población.
Además, considera que la cooperación internacional será fundamental para evitar que la revolución digital profundice asimetrías ya existentes en el sistema global.
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