La entidad divulgó que los miembros de la fuerza pública fueron entregados a una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la ONU y la Consejería Comisionada de Paz, entre otras entidades.

Por otra parte, insistió que el denominado “juicio revolucionario” anunciado por esa organización guerrillera contra estos liberados y otros dos funcionarios que aun permanecen en poder de esa estructura, no otorga “ninguna validez jurídica al secuestro ni modificaba su carácter ilegal e ilegítimo”.

“Los dos policías que fueron liberados no estaban cumpliendo una condena, como lo asegura el ELN. Ningún grupo armado puede atribuirse la facultad de juzgar personas, imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo, negociación o intercambio”, remarcó el organismo.

Pidió además a esa estructura, y a otros grupos armados a dejar en libertad a todas las personas que mantienen retenidas.

Instó asimismo al gobierno nacional a fortalecer las acciones orientadas a lograr la liberación de las personas secuestradas y garantice acompañamiento integral a sus familias.

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