El vicemandatario deploró este lunes que fue la inteligencia de la Policía chilena la que descubrió “un negocio ilícito”, valorado en más de ocho mil 300 millones de dólares, equivalentes a casi un 10 por ciento del producto interno bruto de Bolivia.
“Las sospechas aumentan cuando se conoce que la gerente de la naviera involucrada en este caso es la esposa del viceministro de Comercio Exterior (Rodrigo Arce) y que la gerente ejecutiva de la Administración de Servicios Portuarios sería la pareja del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo», dijo.
Es decir, áreas estratégicas de comercio exterior y del control estatal están vinculadas a personas cercanas al poder, afirmó Lara.
De acuerdo con la autoridad, frente a este y otros escándalos el Ministerio de Gobierno promovió la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas, coalición regional de seguridad creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el retorno a Bolivia de la Agencia Antinarcóticos de ese país (DEA por sus siglas en inglés) serían una solución.
“Sin embargo, los hechos generan todo lo contrario. ¿La presencia de la DEA realmente contribuyó a combatir estas redes o ha coincidido con algunos de los cargamentos de droga más grandes del país?”, preguntó.
Reiteró el vicemandatario que crecen las dudas respecto a una posible protección al narcotráfico desde las más altas esferas del poder, al recordar que la Constitución establece que el ministro de Gobierno debe garantizar la seguridad interna y liderar la lucha contra ese flagelo.
Con estos antecedentes, subrayó en un video difundido en sus redes sociales, el escándalo denominado “narcomadera” expuso ante la opinión pública internacional el embarque hacia cinco puertos del Pacífico chileno de 108 toneladas de droga de alta pureza incrustada en 49 cargamentos de madera.
Observó que este alto volumen de sustancias ilícitas burló los controles de la Aduana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Administradora Boliviana de Carreteras y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
Según el Ministerio Público chileno, el primer despacho de esa madera corresponde al 13 de enero de 2026 y el último al 19 de abril de ese mismo año.
El vicepresidente se declaró opositor al Órgano Ejecutivo debido a las políticas aplicadas por Paz en sus primeros siete meses de Gobierno a favor de la oligarquía agroindustrial y su rechazo a considerar las aspiraciones de obreros, campesinos y la población indígena originaria, como prometieron durante la campaña electoral que ambos realizaron juntos en 2025.
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