Las propuestas de normativas, remitidas al Parlamento por la presidencia de la República, están vinculadas a la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y combate al crimen organizado.
La iniciativa, presentada ante el plenario legislativo, tiene como objetivo actualizar y fortalecer el marco jurídico nacional en concordancia con estándares internacionales y recomendaciones de organismos multilaterales para la mitigación de riesgos financieros y de seguridad global.
Las modificaciones abarcan la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Además, la normativa de la Unidad de Análisis Financiero; el Código Penal; el Código Procesal Penal; y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Entre los principales cambios, la iniciativa contempla la ampliación del Consejo Nacional encargado de la materia, incorporando a las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Microfinanzas.
La medida busca fortalecer la supervisión de sectores considerados estratégicos, entre ellos abogados, notarios, microfinancieras, casas de empeño y cooperativas de ahorro y crédito con activos inferiores a 100 millones de córdobas.
Asimismo, se establece la obligación para fideicomisos, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro de declarar y actualizar anualmente la información sobre su beneficiario final ante las autoridades competentes, como requisito para conservar su personalidad jurídica.
La propuesta también incorpora medidas orientadas a reforzar la transparencia corporativa, exigiendo que los socios y accionistas que actúen mediante representación legal registren formalmente sus poderes en el Registro Mercantil, información que posteriormente deberá reflejarse en el Registro de Beneficiario Final de sociedades mercantiles.
En materia financiera, las reformas incluyen disposiciones para adecuar la legislación a las nuevas tecnologías y medios de pago, facultando a los entes reguladores a establecer mecanismos más estrictos de control y trazabilidad sobre operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito, débito y prepago.
Por otra parte, las modificaciones al Código Penal precisan la clasificación de las penas y amplían el alcance del decomiso de bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas, incorporando expresamente activos virtuales y herramientas digitales entre los bienes sujetos a confiscación.
La iniciativa también introduce ajustes al Código Procesal Penal para adecuar las facultades investigativas de la Policía Nacional en el marco de los procesos relacionados con delitos financieros y crimen organizado.
Según la exposición de motivos, las reformas buscan fortalecer la capacidad institucional del Estado para prevenir, detectar e investigar delitos complejos, así como garantizar una mayor transparencia en las actividades económicas y financieras del país.
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