A través de un comunicado indicó que el encuentro culminará con la publicación de sus conclusiones sobre la sentada organizada frente al Palacio del Pueblo, sede del Parlamento, la cual fue frustrada primero por la negación del permiso y luego por la violencia empleada en su dispersión.

Igualmente señaló la nota que se presentará el calendario de próximas acciones cívicas y constitucionales destinadas a garantizar la defensa del orden constitucional, las libertades públicas y la soberanía del pueblo congoleño.

La coalición, que se opone a la reforma constitucional y a un tercer mandato del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ya organizó anteriormente una huelga en rechazo a la iniciativa de modificación de la Carta Magna, que buscaba paralizar el 3 de junio todas las actividades.

El intento tuvo recepción en algunos segmentos sociales, pero no logró el impacto esperado.

Las acciones del viernes último culminaron con varios heridos graves y, según la oposición, también hubo dos muertos, aunque el Gobierno no reconoció este reporte.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron una investigación independiente, entre ellas la de Voz de los Sin Voz, que catalogó los sucesos de “represión brutal, sangrienta y desproporcionada”.

El grupo cuestionó también la actitud de las fuerzas de seguridad, que permanecieron pasivas ante ciertos actos de violencia, como los dirigidos contra la sede de ECiDé, el partido del líder opositor Martin Fayulu.

El premio Nobel de la Paz 2018, Denis Mukwege, describió la situación como un “golpe de Estado constitucional en ciernes” y dijo que es inaceptable que se movilice e instrumentalice al ejército, la policía y una milicia privada del partido presidencial para disparar contra los ciudadanos y brutalizar a los líderes de la oposición.

El Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), del expresidente Joseph Kabila y principal componente del Frente Común para el Congo (FCC), rechazó la presunta participación de grupos no autorizados en la violencia ocurrida, en particular individuos que afirmaron representar a la Fuerza del Progreso.

Sobre este particular, la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), el partido del presidente Félix Tshisekedi, refutó las acusaciones sobre la implicación de Fuerza del Progreso, un movimiento juvenil cercano a su organización y consideró estas alegaciones como “estrategia de provocación”.

El Gobierno de RDC anunció una investigación sobre los sucesos.

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