El objetivo es reforzar la seguridad financiera, la transparencia y la capacidad institucional frente a los desafíos del crimen organizado y las nuevas tecnologías.

Las modificaciones alcanzan la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Además, la normativa del Código Penal; el Código Procesal Penal; y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, afirmó que las reformas responden a los crecientes desafíos en materia de seguridad financiera a nivel global.

“Las organizaciones criminales no operan únicamente mediante mecanismos tradicionales. Hoy utilizan nuevas tecnologías, activos virtuales, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales para movilizar recursos ilícitos y ocultar el origen de sus operaciones”, expresó.

La legisladora destacó que uno de los principales aportes de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia mediante la identificación y registro del beneficiario final de personas jurídicas, fideicomisos, cooperativas y otras estructuras organizativas.

Según explicó, esa medida permitirá una mayor trazabilidad de las operaciones económicas y contribuirá a cerrar espacios a la opacidad que podrían facilitar actividades ilícitas o actos de corrupción.

Martínez subrayó además que la iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad y otras prácticas que afecten la transparencia y la confianza en las instituciones.

Por su parte, el diputado Edwin Castro calificó las modificaciones como una reforma profunda que consolida el “muro de contención” construido por el Parlamento contra el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Castro señaló que las nuevas disposiciones fortalecen las facultades de supervisión de la Unidad de Análisis Financiero, dotándola de mayores capacidades técnicas para rastrear flujos financieros, identificar operaciones sospechosas y mejorar la coordinación entre instituciones.

Asimismo, resaltó la regulación y registro del beneficiario final como una herramienta clave para impedir que los responsables de actividades ilícitas oculten su identidad mediante sociedades anónimas, fideicomisos o cooperativas ficticias.

“El que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué temerle a la transparencia”, manifestó.

El legislador añadió que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal actualizan los tipos delictivos y las sanciones asociadas a estos delitos, además de fortalecer los mecanismos de investigación y persecución penal.

En tanto, el diputado Wálmaro Gutiérrez destacó que la legislación incorpora nuevas facultades para supervisar, investigar e intervenir operaciones realizadas mediante activos virtuales, una modalidad cada vez más presente en los mercados financieros internacionales.

“Ahora las acciones son virtuales y andan en los mercados financieros primarios y secundarios. Estos también son activos virtuales y ahora se van a incorporar en esta reforma”, explicó.

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