La acusación está referida a la muerte por miembros de la organización, de ocho homosexuales apresados en un bar clandestino y los fusilaron ante la población de un barrio de la ciudad de Tarapoto, en la nor-amazónica región de San Martín.

Desde entonces la dirigencia del MRTA encabezada por Polay negó haber ordenado acciones de homofobia, por lo que no fueron responsables de la llamada operación de “limpieza social” por los ejecutores.

El fiscal del caso, Rubén Anicama, formalizó la acusación contra Víctor Polay y otros ex integrantes de la desaparecida organización, ante lo cual aisladas voces señalaron que realizó su última acción armada en diciembre de 1996 al tomar la residencia del embajador de Japón en Perú y retuvo más de 70 rehenes hasta que en abril una operación militar retomó por asalto la sede y dio muerte a los 14 integrantes del comando secuestrador.

En agosto de 2017, decenas de exmilitantes del MRTA convocaron una conferencia de prensa en un céntrico hotel de Lima para pedir perdón a las víctimas de sus acciones y anunciar la decisión de participar en las elecciones, pero la Policía los desalojó e impidió que lo hicieran.

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