Zapatero, en La Moncloa desde 2004 al 2011, negó este miércoles ante el msgistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra.
La asistencia pública de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, es el centro de la imputación al exgobernante socialista, a quien el juez le sitúa, además, en el vértice de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel».
En paralelo a otro debate bronco en el Congreso de Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que cualquier ciudadano progresista estaría escandalizado con lo que se está conociendo en torno a Rodríguez Zapatero.
Al respecto, insistió en que el político socialista dé explicaciones «en consonancia con la gravedad de los hechos» durante su declaración como imputado en el ‘caso Plus Ultra’.
Además, se refirió al tema de las joyas encontradas en las pertenencias de Zapatero y valoradas en más de un millón de euros.
“Tiene que dar todas las explicaciones de dónde salen las joyas que se intervinieron durante los registros del caso Plus Ultra”, zanjó la integrante de la formación de izquierda Más Madrid y del grupo Sumar.
Durante dos horas ofreció declaración de los hechos que se le imputan, y tras un receso, seguirá su intervención ante el magistrado. En la causa, se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.
Además, delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina, incautadas por la Policía.
Este es sin dudas el proceso judicial en curso o en cierne más sonado, que gravita contra el Gobierno de España, y en especial salpica al Partido Socialista (PSOE).
Aunque el PSOE que lidera precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de distanciarse de algunos expedientes abiertos o desliza la prevaricación de algunos jueces, la derecha en pleno quiere asumir el poder.
Desde el conservador Partido Popular (PP), bajo la tutela de Alberto Núñez Feijóo, le llueven las críticas al PSOE, Sánchez y prácticamente a toda la izquierda.
Luego está pendiente el caso del hermano de Sánchez, sindicado por conflicto de intereses y presunta corrupción, la esposa del mandatario Begoña Gómez, el ex ministro José Luis Abalos, y el ex número dos del PSOE Santos Cerdán, entre otros.
A pesar de todos estos problemas, Sánchez mantiene su decisión de cumplir todo su mandato hasta 2027 cuando convocaría a elecciones generales en el tiempo adecuado, algo que no desea la oposición.
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