El líder de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, de La Paz, Vicente Salazar, negó la existencia de una solicitud de negociación con el Órgano Ejecutivo y aclaró que lo exigido son las condiciones para un encuentro.
Respecto a una nota publicada el martes, reiteró que no pidieron un diálogo, advirtió que los bloqueos de carreteras continúan y que, contrario a lo difundido en algunos medios, las marchas y bloqueos con la exigencia de la renuncia de Paz continúan y se masifican.
Denunció el dirigente originario campesino que se registran agresiones contra las indumentarias, usos y costumbres de este sector, y que incluso activistas afines al Ejecutivo quemaron públicamente la bandera representativa de los pueblos originarios reconocida en la Constitución, la wiphala, sin que las autoridades hayan actuado.
Criticó Salazar que su cultura “ha sido bajoneada” y discriminada, y reiteró la demanda del pueblo que “exige la liberación de nuestros hermanos detenidos, que cese la persecución política que está sucediendo a nuestros dirigentes”.
Criticó que, mientras esto sucede con los originarios campesinos, otros están con armamento, queman wiphalas, incitan a la confrontación de los civiles, pero disfrutan de libertad y son más bien protegidos por la Policía Boliviana.
Desde que a inicios de mayo la COB llamó a exigir en marchas y bloqueos la renuncia de Paz, convergen en este tipo de medidas de presión diversas organizaciones sociales.
Tal situación impidió el acceso de ciudades a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Al respecto, Salazar ofreció disculpas a la población y argumentó que la lucha es por todos los bolivianos.
Sin embargo, reiteró que “en ningún momento va a bajar la Túpac Katari al Gobierno sin la autorización de las 20 provincias” paceñas.
El martes, esta organización campesina difundió un documento en el que expuso cinco condiciones antes de un posible diálogo pacificador con el Ejecutivo. Resaltaban entre ellas la solución a los perjuicios derivados de la importación y distribución de la denominada “gasolina basura”, un “perdonazo” económico por seis meses; la derogación de los decretos considerados inconstitucionales, una amnistía para los movilizados detenidos y la abrogación de la Ley 1740, que regulariza los estados de excepción.
ga/jpm
