Los casos a los que alude el tribunal de paz ocurrieron en los departamentos de Casanare y Boyacá entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 y fueron perpetrados por miembros del Batallón de Infantería “Ramón Nonato Pérez” No. 44 adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional.
El órgano de justicia transicional acotó que integrantes de esa estructura castrense incurrieron en una cadena sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles inocentes, en el marco de una política institucional que exigía “resultados operacionales” a las diferentes unidades militares.
Se trató de una estructura criminal organizada que seleccionó, reclutó mediante engaño y ejecutó al menos a 31 víctimas, presentándolas falsamente como “bajas en combate” para inflar de manera falsa y con víctimas inocentes sus resultados operacionales, apuntó la entidad.
Manifestó que las víctimas eran hombres jóvenes, en su mayoría campesinos y personas en estado de vulnerabilidad, de los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander, quienes fueron estigmatizadas a partir de falsos reportes y antecedentes criminales, y luego ejecutadas con sevicia y posteriormente desaparecidas.
Según la JEP, para el período de comandancia del señor Germán León, el 94,8 por ciento de los resultados reportados por el referido batallón fueron ilegítimos. León reconoció de manera expresa, libre y detallada haber sido quien hizo posible los crímenes.
“Yo emití la orden, daba una orden por escrito, y al dar esa orden, yo abría la puerta para que sucediera esto. Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido. Firmé, y al firmar, mis hombres estaban autorizados. Yo soy el responsable de esas muertes”, admitió ante el tribunal.
Por su implicación en los hechos, León fue condenado a 69 meses y un día de prisión.
La pena se considera como sanción alternativa en los términos del sistema transicional porque conductas de esta magnitud, calificadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conllevarían sentencias que podrían superar los 20 años de cárcel.
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