El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) pidieron que la pesquisa no descarte la posibilidad de que se trate de un femicidio o que las denuncias que realizó Silva antes de su muerte constituyan el móvil del crimen.

La ciudadana polaca de 41 años, residente en Ecuador, fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda ubicada en la comuna costera de Montañita, en la provincia de Santa Elena.

“Monika advirtió que su vida estaba siendo amenazada», afirmó Lita Martínez, directora ejecutiva del Cepam.

En tanto, Billy Navarrete, director del CDH, respaldó el pedido para que la investigación avance sin conclusiones anticipadas y permita determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la extranjera.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran resultados de pericias forenses que apuntarían a una muerte violenta y no a un suicidio, como planteó inicialmente el minsitro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo con información difundida por medios locales y organizaciones acompañantes, la autopsia identificó una fractura del hueso hioides y lesiones compatibles con estrangulamiento.

El caso generó atención dentro y fuera de Ecuador debido a que la víctima era conocida por su activismo comunitario, ambiental y por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en la gestión pública de Santa Elena.

Algunas de esas publicaciones derivaron en procesos judiciales por presunta calumnia, entre ellos una demanda presentada por el contralor general del Estado, Mauricio Torres.

La Cancillería ecuatoriana informó que, a petición del Ministerio del Interior, gestionó la participación de peritos y observadores independientes para acompañar las investigaciones.

Como parte de esa cooperación, la Corte Suprema de Justicia de Argentina aceptó brindar asistencia técnica mediante la participación de dos médicos forenses que actuarán como veedores del proceso.

Asimismo, Ecuador mantiene contactos con las autoridades de Polonia, país que abrió una investigación paralela por homicidio para colaborar con el esclarecimiento del caso.

La Delegación de la Unión Europea en Ecuador expresó su preocupación por la muerte de la activista y pidió una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente.

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado ecuatoriano a desarrollar una investigación imparcial y a evaluar una posible relación entre el fallecimiento y el trabajo de activismo realizado por Silva.

rob/avr