La sesión de reflexión, como la han denominado, comenzó el pasado 18 de junio y reunió a los prelados católicos del país y a expertos de diversas tendencias políticas con el objetivo de definir una postura clara sobre un tema que divide profundamente a la clase política y a la opinión pública, refirió Radio Okapi.
Expertos en materia constitucional y otros vinculados a quienes defienden los cambios y los que se le oponen, han participado en estos días de debates para aportar visiones múltiples sobre el asunto que mantiene polarizada a la sociedad congoleña y ya ha provocado confrontaciones.
La Cenco apuntó que la sesión podría derivar en una declaración oficial de la Iglesia Católica sobre el tema de la reforma constitucional.
Las diferentes posturas en torno a una posible modificación de la Carta Magna provocaron un incidente violento el pasado 12 de junio, cuando la coalición opositora C64 organizó una sentada frente a la sede del Parlamento de RDC, que fue reprimida por las fuerzas del orden.
El Gobierno indicó la realización de una investigación, pero hasta el momento sólo reconoce 20 heridos entre los cuales están manifestantes e integrantes de las fuerzas del orden.
La coalición C64, por su parte, reportó dos muertos, 334 heridos graves, 218 heridos leves, 27 desaparecidos y 29 detenidos; además de acusar a la policía de connivencia con la milicia Fuerza del Progreso.
De acuerdo con los opositores, este grupo empleó bombas de racimo, armas de fuego, machetes y todo tipo de armas blancas para atacar a líderes, figuras prominentes y manifestantes durante la represión.
Asimismo, aseguran que hubo actos de vandalismo, saqueos y robos, así como la quema de vehículos y motocicletas en las sedes de varios partidos opositores.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la violencia perpetrada la semana pasada contra los manifestantes que protestaban en Kinshasa, y en un comunicado emitido el 18 de junio se refirió a por lo menos un fallecido durante esos incidentes.
“Resulta preocupante que al menos un manifestante haya muerto y otros 38 resultaran heridos durante la manifestación del 12 de junio, entre ellos cuatro líderes de la oposición. El gobierno de la República Democrática del Congo tiene la obligación de facilitar las concentraciones pacíficas y garantizar la protección de los participantes”, apuntó.
Agregó que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden debe ser el último recurso y llamó a respetar plenamente los límites impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos.
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