El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, afirmó que la denuncia del procurador Moisés Vega es una medida de criminalización de la protesta pacífica para la que el dirigente pidió garantías al Ministerio del Interior a fin de evitar situaciones de violencia, las que fueron negadas.
La denuncia fue planteada pese a que la movilización que, según los organizadores, reclamaba transparencia en el proceso del balotaje entre Sánchez y Keiko Fujimori, se realizó en forma pacífica.
Una de las denunciadas, Claudia Cisneros, exitosa comunicadora que no vive en Perú, sino en Estados Unidos, rechazó en un mensaje la imputación y señaló que está motivada porque ejerce sus derechos constitucionales.
“Opinar, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar protestas pacíficas no son delitos”, aseveró y advirtió que “confundir análisis político con incitación es un grave precedente para la libertad de expresión”.
“Rechazo estas burdas amenazas, no me van a amedrentar”, dijo el exministro de Salud Hernando Cevallos, uno de los voceros del partido JP, y añadió que el derecho a la manifestación del pueblo no es un delito.
Recomendó al procurador Vega que persiga “la corrupción que corroe al Estado, en lugar de intentar favorecer los nefastos intereses del fujimorismo frente a reclamos electorales que están pendientes de resolver”.
Otra de los denunciados, Andrea Valderrama, luchadora social y ambientalista, preguntó si el procurador no tiene nada que hacer, pues, opinar no es delito, ni promover una protesta política pacífica.
Entre los denunciados figura también el joven comunicador Pavel Yábar, quien desde su programa transmitido por Internet alentó la marcha y que hace unos días reveló que fue víctima de un sospechoso secuestro en el que fue despojado de su teléfono móvil.
En la lista figuran también el diputado electo de JP César Tito Rojas, dirigente magisterial de la surandina región de Puno, y el exmilitar y nacionalista radical Antauro Humala, quien no forma parte de JP.
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