Desde hace varios años esa comunidad mantiene una legítima defensa frente a la imposición de proyectos energéticos impulsados por la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A, recordaron las organizaciones ancestrales.

Denunciaron que la presencia y actuación de dicha empresa se desarrolló sin el consentimiento libre, previo e informado de esos pobladores, con lo cual se vulneran derechos colectivos reconocidos en la Constitución.

Calificaron de profundamente preocupante que diversas licencias y autorizaciones fueran otorgadas sin procesos efectivos de consulta a la comunidad, ignorando espacios legítimos en los que los vecinos rechazaron de manera contundente la instalación y expansión de esos proyectos.

Asimismo, expresaron indignación ante las denuncias realizadas por las autoridades comunitarias respecto a actos de racismo, discriminación, persecución, división comunitaria y procesos de negociación efectuados sin la participación ni el consentimiento del pueblo.

Reiteraron, mediante un comunicado, que el territorio comunal no es una mercancía ni un espacio disponible para proyectos impuestos por intereses externos.

Manifestaron además preocupación por la ausencia de respuestas claras y efectivas del Gobierno ante las demandas históricas y las denuncias presentadas.

El silencio institucional frente a conflictos territoriales profundiza la desconfianza, aumenta la conflictividad social y vulnera el derecho de los pueblos a ser escuchados y respetados, señalaron.

Reclamaron igualmente la suspensión de cualquier proyecto energético o de infraestructura que pretenda desarrollarse dentro del territorio sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad.

Pidieron que el Ministerio de Energía y Minas revise las licencias, autorizaciones y procedimientos otorgados relacionados con este proyecto.

A la municipalidad de San Juan Sacatepéquez que respete las decisiones emanadas de las asambleas comunitarias y cese cualquier actuación que desconozca las autoridades legítimas del territorio.

Instaron al Ejecutivo chapín a atender de manera urgente las demandas de ese pueblo indígena y a establecer mecanismos de diálogo respetuosos y de libre determinación.

Las autoridades indígenas de Iximulew reafirmaron que la defensa del territorio es la de la vida, identidad, espiritualidad y del futuro de las presentes y venideras generaciones.

Trecsa es una empresa guatemalteca, filial de la transnacional Grupo Energía Bogotá de Colombia.

npg/znc