Esta medida se inscribe en la investigación sobre el escándalo de sobornos de Qatar a funcionarios de la Unión Europea para influir en políticas del bloque.
Avramópulos, que integró el comité de honor de la ONG Fight Impunity, vinculada a otro imputado, el eurodiputado Antonio Panzeri, niega participación en la trama corrupta.
Yo solicité y obtuve autorización por escrito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para percibir remuneración de la ONG, alegó el excomisario, quien asegura haber declarado esos ingresos ante las autoridades griegas.
Según la cadena de noticias Euronews, el exfuncionario europeo pidió que se le retire la inmunidad judicial para comparecer ante Bélgica y probar su inocencia.
El excomisario subrayó que su rol en Fight Impunity era meramente honorífico, al igual que el de la exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini –imputada en otro caso de corrupción por contratos públicos– y el ex primer ministro francés Bernard Cazeneuve. Avramópulos insiste en que no gestionó la organización ni recibió fondos ilícitos.
Analistas judiciales consideran que la orden de arresto responde más a un trámite procesal para levantar el fuero del excomisario que a una amenaza real de prisión. El jurista belga Marc Uyttendaele señala que la extradición es improbable si Avramópulos colabora con la justicia desde Grecia. El caso Qatargate, que estalló en 2022, sacudió a las instituciones europeas con acusaciones de sobornos millonarios. Aunque la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue liberada por falta de pruebas, el expediente contra Avramópulos añade presión sobre la transparencia en el bloque comunitario, que enfrenta críticas por su manejo de conflictos de interés.
El excomisario, que ya presentó explicaciones ante la fiscalía de Atenas, confía en que el levantamiento de la inmunidad le permita despejar las sospechas.
Mientras, la justicia belga mantiene abierta la investigación, aunque fuentes cercanas al proceso descartan que el político griego llegue a ser encarcelado, dado su estatus y la naturaleza administrativa de las diligencias actuales.
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