La iniciativa legal fue propuesta por la administración de José Antonio Kast y aprobada en el Congreso, sin embargo, partidos de oposición la impugnaron porque violaba derechos fundamentales, como la protección a la privacidad y la inclusión en programas sociales.

Entre los puntos más controvertidos estaba la revisión obligatoria de mochilas y bolsos en la entrada a las escuelas, incluso con participación de la policía de Carabineros.

También figura la exclusión de programas de gratuidad en la educación superior a quienes fueran sancionados por desórdenes, lesiones o ataques a personas o infraestructura pública.

De igual manera se criticó al plan por quedarse nada más en medidas de control o sanción, sin profundizar en las causas estructurales de la violencia dentro o fuera de los recintos docentes.

Al respecto, el TC decidió excluir del instrumento legal la revisión obligatoria de las pertenencias de los alumnos, o sea que estos pueden negarse y su voluntad será respetada, a menos de existir una orden previa de un fiscal en algún caso concreto.

La Corte declaró inaplicable el veto al beneficio de la gratuidad en el acceso a la universidad para estudiantes condenados, porque se trata de un derecho social.

Según publica este miércoles el medio especializado en temas judiciales “enestrado.cl” este punto era el corazón del proyecto, ya que buscaba generar un desincentivo económico y administrativo frente a las conductas violentas en los planteles educativos.

El TC eliminó, asimismo, las disposiciones para normar la apariencia de los alumnos al prohibir accesorios o vestimentas que pudiesen ser consideradas como apología a la violencia.

Finalmente, anuló la facultad de los colegios para utilizar como argumento en el sistema de admisión escolar el hecho de que un joven hubiera sido expulsado de otro lugar por acciones contra la convivencia.

A pesar de que este veredicto prácticamente vació de contenido ese programa, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo hoy que la ley Escuelas Protegidas seguirá adelante con las herramientas no impugnadas y aseguró que el objetivo de combatir la inseguridad está intacto.

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