Mediante la divulgación del acuerdo 105-2026 en el estatal Diario de CentroAmérica, el Ejecutivo chapín define los mecanismos, procedimientos y estructuras institucionales necesarios para la implementación de la Ley.

El texto busca garantizar la protección de los derechos de las personas con esa enfermedad, fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Indica la creación y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Atención Integral del Cáncer, dependencia encargada de coordinar las políticas, programas y acciones relacionadas.

Asimismo, la implementación de un Registro Nacional, que permitirá recopilar y analizar información epidemiológica para mejorar la planificación y la toma de decisiones.

Establece la integración del Consejo Nacional contra el Cáncer, instancia encargada de coordinar esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y organizaciones vinculadas a la atención oncológica.

Igualmente, el Comité Nacional de Farmacoterapia contra la enfermedad, responsable de proponer lineamientos para la selección, actualización y disponibilidad de medicamentos esenciales para los pacientes.

Señala su “cumplimiento obligatorio en todo el territorio, para todas las instituciones públicas y en especial las prestadoras de servicios de salud”.

Incluye organizaciones sin fines de lucro o privadas que reciben fondos del Estado y tengan por objeto atender personas con cáncer.

La lucha contra el cáncer en Guatemala dio un giro significativo a partir del año pasado, impulsada principalmente por la implementación de la Ley de Atención Integral del Cáncer.

La normativa estableció “candados” financieros para asegurar que los fondos oncológicos no se desvíen a otros rubros.

Aunque el proceso evidenció retos administrativos y retrasos en la reglamentación, los resultados tangibles se centran en infraestructura, financiamiento y detección temprana.

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