El documento con la impugnación, presentado por las agrupaciones de la sociedad civil en esta capital en las oficinas del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, también involucra al Secretario de Estado, Marco Rubio; y al de Defensa, Pete Hegseth.

Tal documento señala que esas autoridades son responsables de actos de genocidio y graves violaciones al derecho internacional contra poblaciones de América Latina y el Caribe.

La presentación de esta denuncia tiene lugar en medio de la celebración en el istmo de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

De acuerdo con los firmantes del documento, entre ellos la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), la acción entraña una vindicación histórica.

Para los colectivos, la connotación de esta denuncia es que se interpone mientras la OEA celebra una cumbre que conmemora el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador Simón Bolívar (1783-1830) con el ideal de crear una confederación de naciones americanas frente a las potencias externas.

El detallado expediente insta a que se investigue a las referidas altas autoridades del norteño país por las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y Venezuela, así como el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro.

Además, las organizaciones enjuician el bloqueo económico, comercial, financiero y energético contra Cuba, catalogado como genocidio.

También increpan las deportaciones y desapariciones forzadas de migrantes, así como el encarcelamiento arbitrario y la externalización de centros de detención hacia países como El Salvador y Ecuador.

Los suscriptores de este texto solicitaron a Naciones Unidas la apertura inmediata de un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional, invocando la jurisdicción territorial de Estados Parte del Estatuto de Roma como Cuba y Venezuela, donde se materializan los efectos de las políticas denunciadas.

Asimismo, instaron a los Estados miembros de la OEA a repudiar el uso de medidas coercitivas unilaterales en la declaración final como una «condición indispensable para preservar la credibilidad del sistema interamericano».

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