La también exconcejala afín al expresidente Evo Morales por el municipio de El Alto (2020-2025), fue aprehendida este martes en el epicentro político del país, la Plaza Murillo, cuando dialogaba con representantes de medios periodísticos y fue conducida a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde durmió.

Según el documento de la imputación, Alanoca incurrió en instigación porque durante los más de 50 días de bloqueos de fuerzas sociales con la exigencia de la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, amplificaba el mensaje de la desestabilización y justificó ese tipo de medida de fuerza al igual que las “marchas violentas”.

Agrega el escrito que la exministra fue aprehendida cuando realizaba “discursos justificando abiertamente las medidas de presión ilegales”.

La fiscalía demandó del juez cautelar que disponga medidas para asegurar la presentación de Alanoca durante el proceso de instrucción penal, entre ellas que se registre cada 15 días ante el Ministerio Público, la prohibición de acercarse a la Plaza Murillo, comunicarse con testigos, tener una persona de garantía y el arraigo.

En su declaración, la exministra explicó que habló ante los medios de comunicación para solicitar apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres ante una amenaza en su contra, y negó que en esos momentos expresara apoyo a los bloqueos.

Su abogado, Marcelo Galván, en tanto, criticó que su defendida permaneció el martes más de siete horas sin conocer su situación jurídica.

Al referirse a las causas de su aprehensión, dijo que fue debido a “(…) una denuncia de dos oficiales de policía de inteligencia que han denunciado que la señora Wilma Alanoca estaba llamando a movilizaciones y bloqueos”.

Sostuvo el letrado que su defendida estaba expresando su opinión respecto a los bloqueos y el Gobierno, lo cual es parte de la libertad de expresión que debe ser tutelada incluso en el estado de excepción.

Cercana colaboradora del exmandatario Evo Morales, Alanoca presenta un largo historial de enfrentamiento a la Policía y los órganos judiciales desde 2019, después del derrocamiento del exdignatario, el 10 de noviembre de ese año, lo cual es considerado por sus correligionarios como parte de una persecución política.

En el mismo 2019, tras la toma del poder por la exgobernante Jeanine Áñez, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra ella por presuntos delitos de terrorismo y sedición, lo cual la llevó a asilarse en la embajada de México ante La Paz.

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