Se trata de Jean Chery Dormeus, dueño de la agencia de viajes Cananeen, y de Ezechiel Rome, propietario de la empresa MundoPam, quienes además enfrentan cargos de lavado de activos.
Dormeus era el representante legal de una organización no gubernamental que recibió del Estado 50 millones de pesos (unos 56 mil dólares) para financiar, entre otras cosas, cursos de español para facilitar la inserción en Chile de migrantes haitianos.
Según el Ministerio Público, los sindicados operaban desde mediados de 2024 y cobraban unos tres millones de pesos (unos tres mil 400 dólares) por cada menor trasladado.
Durante la audiencia de formalización, el juez estimó que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto impuso la medida cautelar de prisión preventiva y asegurar así el éxito de la investigación.
El traslado ilegal de los migrantes se realizaba por una ruta que partía desde Haití, continuaba por República Dominicana y concluía en Chile. Además del cobro por los viajes, ofrecían realizar trámites de reunificación familiar ante el Servicio Nacional de Migraciones por montos cercanos a los 100 dólares.
La Fiscalía señaló la existencia de casos en los cuales niños quedaron varados en República Dominicana y algunos permanecieron meses en residencias de menores y luego deportados a Haití, sin concretarse la reunificación con su familia en Chile.
Estos hechos cobran relevancia tras conocerse a mediados de junio un oficio de la Contraloría General, dando cuenta del ingreso irregular de unos 200 niños y adolescentes del país antillano y que decenas permanecían sin ubicación.
Al inicio se habló de que 184 de estos menores estaban en paradero desconocido, cifra reducida a 64 más tarde, lo cual dio lugar a muchas especulaciones, incluyendo explotación sexual o tráfico de órganos.
Una rápida investigación demostró, sin embargo, que casi todos estaban bien, debidamente escolarizados y bajo el amparo de familiares o tutores. Solo uno fue ubicado en México, a donde viajó junto a su madre.
En estos casos, la Defensoría de la Niñez y el gobierno descartaron el delito de trata de personas y determinaron que el problema principal radicó en la falta de fiscalización fronteriza al momento de su arribo, así como la descoordinación entre varias instituciones.
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