Según expuso la entidad, el interés del grupo armado por consolidar su control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas representa un grave riesgo para la población civil por la convergencia de múltiples actores y dinámicas de disputa.

Manifestó el organismo que la pretensión de consolidación de las ACSN en el casco urbano y los corregimientos Carraipía, La Majayura y Paraguachón genera tensiones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene un control histórico en zonas rurales.

Abundó que también están en peligro los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, del pueblo Wayúu.

Describió asimismo un segundo escenario de riesgo localizado en el corregimiento Paraguachón, donde existe una coexistencia obligada y dominios fragmentados entre el ELN y el grupo Segunda Marquetalia, pues se dividen el control de pasos fronterizos informales conocidos como “trochas”.

La Defensoría advirtió además que en el casco urbano persiste una violenta disputa territorial entre las estructuras de criminalidad organizada ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’, a la que se suma la reciente incursión de ‘La Banda del Oso’.

Insistió que el riesgo es especialmente crítico para el pueblo indígena Wayúu, cuyas autoridades tradicionales y territorios se ven vulnerados por el tránsito de actores armados.

Ante este panorama, la entidad formuló 18 recomendaciones urgentes a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira, así como a la fuerza pública, instándoles a tener en cuenta el cumplimiento de los deberes de respeto, garantía y salvaguarda de los derechos humanos.

El llamado, acotó, se extiende a la Unidad Nacional de Protección, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad para las Víctimas, a la Consejería Comisionada de Paz, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otros entes.

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