De acuerdo con números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y el Ministerio del Trabajo desde el primer trimestre de 2024 al iniciar el régimen de Javier Milei hasta marzo pasado la fila de los desocupados creció en 216 mil personas, y la de subdesocupados, 186 mil 700, y actualmente en Argentina hay 603 mil 600 laborantes informales.
Las cifras indican que la precarización laboral creció a una velocidad escalofriante desde que Milei y su equipo económico pusieron en marcha su modelo neoliberal.
El aspecto más preocupante es la incorporación de 603 mil 600 personas a trabajos informales, que buscan algo que hacer de cualquier manera para contribuir al ingreso familiar en un escenario de contracción generalizada del ingreso disponible, señala el comentarista Mariano Kestelboim.
Esas condiciones de trabajo no garantizan ningún derecho ni beneficio laboral, como salario mínimo, aguinaldo, aportes jubilatorios, límites de horarios, francos, indemnización por despido injustificado, vacaciones ni licencias pagas o cobertura médica.
Tal situación ya perjudica al 44 por ciento de los trabajadores, añade Kestelboim quien escribe sobre temas económicos para la revista La Política OnLine.
A su vez, el modelo económico que impulsa el gobierno provocó una destrucción de 539 mil empleos registrados hasta marzo pasado, según la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Del total, 292 mil 15 eran asalariados en relación de dependencia, 74 por ciento en el sector privado y 26 por ciento en el público. El resto aplicaba a sistemas de registro simplificado (diferentes modalidades de monotributo y empleos domésticos).
El gobierno contabiliza a los laborantes informales como personas con empleo para dibujar una tasa de desocupación menor, sin embargo, aun así, el índice de desempleo alcanzó el 7,8 por ciento en el primer trimestre de 2026, superior a lo registrado en igual período de 2025, y más alto del 6,1 por ciento de marzo de 2023.
Kestelboim advierte que el objetivo de este plan de hundimiento de las remuneraciones es anular el poder de negociación de los trabajadores y así lograr que las empresas gocen de un costo laboral a la baja para sostener ciertos niveles de competitividad mínimos.
Beneficio para el empresariado en un contexto de alza generalizada de tarifas de servicios públicos, altas tasas de interés y un mercado interno en contracción que obliga a prorratear costos fijos en menores volúmenes de producción y ventas.
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